EL PAPEL DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA

FUENTE: LA SOLIDARIDAD “Guardían de mi hermano” (Luis de Sebastián).

El enfoque de estos problemas se hace desde la perspectiva del “bien común”, es decir, desde la consideración del bien más común, general y duradero de la comunidad estatal y de las comunidades menores que la componen, con una especial atención a los grupos más vulnerables e indefensos. Frecuentemente se mira a los problemas sociales desde perspectivas particulares e interesadas. En una sociedad democrática, todo el mundo tiene derecho a defender sus intereses, aunque también tiene la obligación de no engañar a los demás con discursos ideológicos. Aquí vamos a adoptar un punto de vista que trata de estar por encima de todos los intereses particulares, que es lo que debiera hacer un gobierno verdaderamente democrático.

La cuestión del papel del Estado en la economía, que es de aguda actualidad, fue planteada nítidamente y resuelta en principio por el filósofo y economista JOHN STUART MILL en 1848:

En las circunstancias particulares de una época o nación dadas, es deseable e incluso necesario que todas las cosas realmente importantes para el interés general las tome el gobierno a su cargo, no porque las personas privadas no puedan realizarlo, sino porque no lo harán. En algunos tiempos y lugares, no habría carreteras, puertos, canales, obras de riego, hospitales, escuelas, imprentas, a no ser que el gobierno los estableciera, porque los ciudadanos o son demasiado pobres para movilizar los recursos necesarios o no tienen experiencia en empresas colectivas para ser capaces de hacerla… En muchas partes del mundo la gente no hace nada por ella misma que requiera muchos recursos y acciones conjuntas: las cosas no se hacen, a no ser que las haga el Estado. En estos casos, la manera como el gobierno mejor puede mostrar la sinceridad con que intenta el mayor bien de sus súbditos es haciendo las cosas de que le hace responsable la impotencia (helplessness) de los ciudadanos de una manera tal que tienda a no a aumentar y perpetuar, sino a corregir, esta impotencia.

Para ponerlo en pocas palabras: el papel del Estado en una sociedad democrática con una economía de mercado es subsidiario, es decir, tiene que hacer (construir, organizar, gastar) todo aquello que, siendo necesario para el bienestar y la prosperidad de la comunidad, los individuos particulares, por sí solos o agrupados en empresas y relacionados en mercados, no lo pueden hacer, ni se puede razonablemente esperar que lo hagan, como, por ejemplo, construir un puente, establecer un cuerpo de bomberos, o lanzar una campaña de vacunación contra la polio. Lo esencial del principio de subsidiaridad es que el Estado no debe meterse en todas las actividades sociales, como un Estado providencia o paternalista, que lo hace todo para sus ciudadanos, a quienes trata como si fueran menores de edad, dando y exigiendo. Esto puede tener sus ventajas, pero también serios inconvenientes, que perjudican normalmente a la democracia, a las libertades individuales, aparte de que las situaciones que crea no son sostenibles por mucho tiempo. Pero el principio de subsidiaridad implica también que el Estado no puede simplemente laisser faire, laisser passer (dejar hacer, dejar que pase), porque en esas situaciones tiende a imperar la ley de la selva, que es la ley del más fuerte, y los más débiles sufren enormes injusticias en el reparto de la riqueza. El principio de solidaridad no sólo está en el medio, la zona donde proverbialmente reside la virtud, sino que es el único que responde lógicamente a la idea original de la organización voluntaria de los individuos en una sociedad política por medio del pacto social. (La naturaleza de la democracia se ha explicado por medio del pacto social: los seres humanos deponen parte de la libertad de su estado natural para conseguir fines y ventajas individuales y colectivas, entre otras la supervivencia personal, que por sí solos y de forma aislada o no podrían lograr o sólo con mayor dificultad e incertidumbre. El pacto social aseguraría una solidaridad básica en la medida que el colectivo y el jefe elegido para regirlo reconocen los derechos individuales de todos los pactantes y no les ponen más limitación que el ejercicio de los mismos derechos de los demás y la preservación de la colectividad). El Estado es para todos, no para todo, naturalmente, pero mucho menos para unos pocos.
Los problemas empiezan cuando se trata de aplicar el principio de subsidiaridad a casos particulares. Por ejemplo, ¿tiene el Estado que asegurar a los trabajadores para que disfruten un subsidio cuando se quedan sin trabajo? El principio antes enunciado nos diría que si los individuos pudieran asegurarse de una manera decente por medio de mercados privados, y lo pueden hacer de manera que cubran a todos, a personas con altos y bajos sueldos, a todos por igual, aunque representen riesgos distintos, entonces no habría razón para que lo haga el Estado. Pero si resulta que los seguros privados discriminan, por razón de su mayor riesgo, contra los de mayor edad y los que tienen trabajos peor pagados y menos estables, entonces es necesario que intervenga el Estado para cubrir los riesgos en un sistema general, más amplio de lo que cualquier empresa privada puede conseguir, obligatorio, y respaldado con los recursos del Estado para cubrir los riesgos mayores.
A estas alturas es evidente que el Estado no tiene por qué realizar algunas actividades económicas, que los mercados privados hacen a satisfacción de la sociedad, como por ejemplo establecer y administrar hoteles, o vender artesanía. El papel del Estado en la economía, considerado históricamente y en concreto, tiene que estar bajo una constante revisión de la sociedad, porque lo que se justificaba al comienzo de un proceso de industrialización puede que no se justifique más tarde, y sobre todo porque la naturaleza de los fallos del mercado, y de los fallos económicos del Estado, van cambiando con las distintas coyunturas y distintos niveles de desarrollo. Que se discutan en qué cosas debe meterse o no el Estado es una cuestión legítima, es incluso una discusión sana y no va contra la solidaridad, antes la robustece. Pero que se afirme que el Estado debe meterse, en principio, en las menos cosas e instancias posibles (de la economía y de la vida social) es otra historia, que lleva a contradicciones inadmisibles. Quien tal afirma sustituye el principio de subsidiaridad o bien por el “principio de la no intervención” -que por ser tan extremo no conozco a nadie que lo defienda-, o bien por el “principio de la intervención mínima”, que es una opinión mucho más corriente. Algunos liberales y muchos economistas modernos entienden así el principio de subsidiaridad, enunciado por J.S. Mill y desarrollado extensamente por la doctrina social de la Iglesia entre otros. Pero lo entienden mal, y desde luego de una forma absolutamente contraria a lo que exige la solidaridad política más elemental.