DESIGUALDAD Y CORRUPCIÓN

Fuente:  DESPUÉS DE LA PASIÓN POLÍTICA   (JOSEP RAMONEDA)

En la sociedad de la indiferencia hay pánico a las malas noticias. En este punto hay que situar el eclipse de la desigualdad. Poco importa que los datos confirmen que tanto entre ciudadanos, a escala nacional, como entre Estados, la desigualdad, desde los años setenta, no ha dejado de crecer. Hablar de desigualdad se considera una impertinencia. Dado que se trata de una evidencia se da por supuesto que quien habla de ella es por disconformidad con el modo como van las cosas, salvo que se trate de un político hablando en público (en privado no lo hará nunca) porque entonces se da por supuesto que es pura retórica. De modo que la desigualdad debe aceptarse como algo natural y todo intento de corregirla será considerado sospechoso o retrógrado.

Que los hombres son desiguales por naturaleza es una obviedad: sobre ello se funda la realidad del poder que articula la vida social. Pero ello no impide que se pueda reconocer una igualdad de derechos -y hacerla efectiva- y que se pueda entender la igualdad como idea regulativa que asocia el progreso al aumento del bienestar para todos y no sólo la producción de riqueza, independientemente de la forma en la que se redistribuya. El bien común no es la mejora de la renta nacional sino la distribución óptima de esta mejora que suponga mayor bienestar para el mayor número de ciudadanos. La economía no puede ser el único factor de cálculo del bienestar. Mientras la conjunción de esfuerzos -sociedad “y”- no atienda a cierta idea del bien común, la política tendrá que seguir supeditada al factor “o”.

En esta sociedad de la desigualdad creciente la corrupción es a la vez un síntoma y una estrategia. Dicen algunos teóricos que hay que incorporar el factor corrupción al estudio de la democracia. Es verdad: no se puede presentar como algo extraño -como una desviación excepcional- lo que es rutinario, lo que aparece en todos los países y gobiernos. Una vez más se imputa a las deficiencias de la especie: en todo grupo social hay un porcentaje de personas que no cumplen la ley, en política no tiene por qué ser distinto. Es verdad, la corrupción ha existido siempre y si antes no era tan manifiesta era porque la política ideológica la encubría. En las democracias europeas la corrupción fue tabú hasta que la disolución del enemigo disolvió también las prioridades ideológicas.

Despedida la lucha ideológica quedó la nuda política. Y apareció la corrupción. Todo esto es cierto. Pero hay más: en la medida en que en la política democrática -debilitadas las fuerzas sociales que obligaron en Europa al pacto del estado del bienestar- se somete a las estrictas exigencias del poder económico, los territorios se confunden, lo público y lo privado se entremezclan y se desarrollan constantes mecanismos de transferencia de un poder a otro.

Los procesos de privatizacón de empresas públicas son el ejemplo paradigmático: el político transfiere poder del Estado al poder empresarial amigo y consigue de este modo extender su poder personal fuera del ámbito de la política, con lo que está reforzando su posición aun en detrimento del Estado. En este juego de transferencias, convirtiendo a la corrupción en centro de la vida política, el poder económico consigue reforzar su hegemonía cargando en el corrupto el papel de chivo expiatorio que concentra la atención social. Si en la sociedad del “o” (público o privado, Estado o sociedad civil, burgueses o proletarios) el empresario era el centro de la crítica social, en la sociedad del “y” (público y privado, Estado y sociedad civil, burgueses y proletarios) el político apechuga con el papel de malo de la película. Chivo expiatorio de la insatisfacción social. El poder económico ha hecho una excelente operación.

La democracia se funda en tres distinciones básicas: lo fundamental y lo convencional, lo público y lo privado, el yo y el nosotros. El territorio de la democracia es el de lo convencional: las reglas e instituciones pactadas y, por supuesto, cambiables en función de la evolución social. Cuando se trae lo esencial a la escena política enseguida salen las pistolas. Lo fundamental debe comérselo cada individuo o grupo en la intimidad con pleno respeto a los demás. No hay un “nosotros” democrático. Cada vez que alguien pronuncia la expresión nosotros se está perdiendo algún jirón de libertad. Y si el individuo, libremente, asume su pertenencia a algún “nosotros”, ha de ser consciente de la irreductibilidad de su yo. La transferencia al nosotros siempre tiene algo de provisional y no puede ser impuesta. La parasitación del espacio político por la economía rompe el carácter convencional del espacio democrático. El carácter formal de la democracia -tan denostado desde las ideologías fundamentalistas laicas y religiosas- es la clave de la sociedad abierta. Porque las normas democráticas no son necesarias sino convenidas nos movemos en ellas en condiciones de igualdad y con la libertad incluso de cambiarlas. Cuando estas reglas se someten a un orden que se presenta como necesario e insuperable, la democracia deja de ser formal para ser adjetivada y entramos en las democracias ideológicas, una de cuyas expresiones fue la forma degenerativa llamada democracia popular. El neoliberalismo hegemónico, al ejercer como dueño del espacio político, también es un fundamentalismo.

Tres formas de fundamentalismo asedian a la democracia: el esencialismo constitucionalista, que niega la necesidad de transformación y evolución de la democracia; el fundamentalismo convencional, que pretende fundar la organización social sobre la verdad (Estado teocrático); y el reduccionismo economicista o tecnocrático que cree que la democracia es un simple instrumento al servicio del proceso de globalización. Estos argumentos se manifiestan dentro y fuera de las democracias avanzadas. Y parten de la liquidación de las distinciones que dan carácter singular a la democracia. A ello hay que añadir un tercer factor que corroe los sistemas democráticos: la extralegalidad. La proliferación de sociedades sumergidas y clandestinas que acaban creando verdaderas estructuras paralelas tanto en lo nacional como en lo supranacional y que tejen una red de intereses que desborda a la democracia y dificulta, por su supraterritorialidad y su capacidad de movimientos y  transferencias, el control político. Donde no hay estructuras políticas capaces de resistir, estas sociedades mafiosas consiguen la destrucción del tejido institucional -anomia- y la imposición de regímenes despóticos o populistas sin control social alguno. Los intereses del poder financiero internacional confluyen a menudo con estos grupos, en su afán de debilitar al Estado. Se completa así el ciclo del desorden internacional.